La planificada salida del Reino Unido de la UE (Brexit) en marzo de 2019 continuó dominando la vida pública y eclipsando otras preocupaciones acuciantes en temas de derechos humanos. En noviembre, los gobiernos de la UE y el Reino Unido llegaron a un acuerdo provisional sobre un tratado para cubrir el período de transición posterior a la salida del Reino Unido de la UE en 2019. También acordaron un borrador de declaración política sobre las relaciones futuras que incluye un compromiso con los derechos humanos. Pero en el momento de redacción de este informe, no estaba claro si el tratado sería aprobado por el Parlamento del Reino Unido, dejando abierta la posibilidad de que el país se fuera en 2019 sin un acuerdo, lo que conllevaría graves riesgos para los derechos humanos, incluida la incertidumbre sobre los futuros derechos de residencia de ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y de ciudadanos del Reino Unido que viven en países de la UE, después del Brexit.

Una ley de junio de 2018 para incorporar la legislación de la UE a la legislación nacional cuando el Reino Unido abandone la UE fue criticada por omitir la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, lo que abre la posibilidad a un futuro gobierno del Reino Unido de debilitar las protecciones laborales y de otros derechos derivadas de la legislación de la UE.

Hubo avances significativos con respecto a la complicidad del Reino Unido en las operaciones de tortura y detención secreta dirigidas por la CIA. En mayo, el primer ministro se disculpó sin reservas con una pareja libia por el papel del Reino Unido en su entrega a Libia en 2004. En junio, una comisión parlamentaria publicó dos informes que contenían sus hallazgos sobre las denuncias de complicidad del Reino Unido expuestos más ampliamente. El comité concluyó que las acciones que el Reino Unido tomó y toleró entre 2001 y 2010 fueron “inexcusables”. Hubo nuevos llamamientos por parte de varias ONG y algunos políticos para que se lanzara una investigación judicial completa sobre el tema. En el momento de redacción de este informe, nadie en el Reino Unido había sido acusado de ningún delito relacionado con estos abusos.

El Reino Unido continuó sin imponer un límite máximo de tiempo a la detención migratoria, y siguió deteniendo a inmigrantes y solicitantes de asilo menores de edad. Los datos publicados en noviembre muestran que el gobierno había reubicado sólo a 220 niños no acompañados de otros países de la UE, frente a su meta de 480. El Reino Unido sólo había reasentado a 417 niños refugiados como parte de un compromiso de 2016 de aceptar a 3.000 niños de zonas de conflicto en Oriente Medio y África.